Al son de múltiples tamboritos, gritos clamando justicia y “pailazos”, se encontraban, desde hace unas semanas, un grupo de mujeres, de distintas clases sociales, económicas y étnicas, en las escalinatas del palacio de justicia Gil Ponce, hogar de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. ¿El motivo? La búsqueda de justicia ante las acusaciones de abuso sexual que varias féminas, incluyendo una menor de edad, han realizado hacia el diputado oficialista, separado del cargo, Arquesio Arias.
El caso de Arias, dilatado desde el 2019, es el vivo ejemplo de lo inseguro que es el ser mujer en un país androcentrista como Panamá, un país donde doctores aprovechan la vulnerabilidad de sus pacientes para violentar sus cuerpos, derechos sexuales y humanos. Sin duda alguna, vivimos en un país donde los delitos sexuales se encuentran hasta debajo de las piedras, siendo gran parte de las víctimas menores de edad, como se ejemplifica en el controversial caso SENNIAF ante el cual, aunque la sociedad civil, colectivos feministas y colectivos varios han protestado, clamando justicia y castigo para todos los involucrados en estos delitos tan graves (entre lo que se citan violaciones, tanto sexuales, físicas y psicológicas, prostitución, abusos graves, condiciones inhumanas de vivienda y alimentación), hasta el momento solo han caído ciertas personas, quienes definitivamente no son los principales responsables de lo sucedido, una vez demostrando que la justicia panameña es rápida para condenar a lxs “hijxs” de la cocinera, mas lenta para condenar a peces gordos, quienes con sus conexiones económicas, políticas y sociales eluden la ley de una manera sorprendente.
Desafortunadamente, encubiertos en la oscuridad de la madrugada, la semana pasada el tribunal de juicio, integrado por los magistrados Luis Ramón Fábrega (presidente), María Eugenia López (relatora), Ángela Russo de Cedeño, Otilda Vergara de Valderrama (magistrada suplente), Carlos Alberto Vásquez, José Ayú Prado, Hernán De León, Cecilio Cedalise y Miguel Espino González (magistrado suplente) declararon a Arias no culpable, por unanimidad, de los delitos de “Violación Sexual Agravada” y de “Actos Libidinosos Agravados”; Mientras que en el delito de “Actos Libidinosos Agravados” en perjuicio a una de las víctimas menor de edad, no se llegó a un voto mayoritario calificado (2/3 partes), siendo los magistrados José Ayú Prado (conocido por sus múltiples casos de corrupción), Hernán de León, Cecilio Cedalise y Ángela Russo quienes votaron a favor de la absolución de Arias.
Unas semanas antes, la misma corte suprema, que les fallo a las hermanas gunas, víctimas de Arquesio Arias, publicaba un fallo discriminatorio que cercenaba las posibilidades de las mujeres panameñas de acceder a la esterilización voluntaria, la cual forma parte de los derechos sexuales y de reproducción de las féminas. Actualmente, bajo la ley 7 de 2013 (elaborada y aprobada por varones, como el entonces diputado Blandón y el diputado Chello Gálvez), las mujeres deben contar con dos hijos/as, 23 años y un “visto bueno médico”, el cual puede, dependiendo de la sensibilidad y ética del médico, incluir una charla intentando cambiar el deseo de la esterilización, para poder acceder a la esterilización, mientras que los varones pueden esterilizarse desde que cumplen 18 años, sin condicionantes ligados a su fecundidad.
En el fallo, de manera incongruente y errónea, los magistrados Ayú, Cedalise, Arrocha, De León y Vásquez comentan "que pese a que la mujer y el hombre son iguales ante la Ley y por ende tienen los mismos derechos y obligaciones, no puede soslayarse que la mujer (...) específicamente la maternidad, dista mucho de ser semejante al hombre en términos reproductivos. De allí que, en ese sentido, no pueda colocarse en situación de igualdad a los hombres y las mujeres", básicamente condenando a la mujer a la falta de equidad, bajo el pretexto de la maternidad como función única y prioritaria, sin importar sembrar más desigualdad, no solo entre hombres y mujeres sino entre mujeres de distintas clases sociales, porque, no nos engañemos, las mujeres que puedan esterilizarse mediante lo privado lo harán, sin importar lo que dice la ley 7, por lo que sin duda alguna se puede afirmar que son las mujeres obreras, racializadas, quienes se ven afectadas directamente por este fallo que huele a machismo y a un sutil, pero presente, guiño a las religiones predominantes en el país, quienes han comentado que “cuando se habla de esterilización se trata de exterminación de personas” (Monseñor Ulloa, 2013). Véase por donde se vea, este fallo no es beneficioso para ninguna mujer, la cual en posesión de igualdad ante la ley en base a la carta magna del país, se enfrenta a leyes que le merman sus derechos. Es imposible, entonces, afirmar que vivimos en un estado de igualdad, donde no es necesario seguir luchando por los derechos de la niña, adolescente y mujer, y la puesta en práctica de los mismos.
¿De qué manera se puede sentir una mujer en Panamá, considerando que sus derechos son vistos como dispensables? ¿Cómo puede sentirse segura una mujer en Panamá cuando el estado protege a su violador? ¿Qué efecto puede tener esto, en su psique, en su ser? Sin duda alguna, no hay mujer que se sienta feliz, plena o satisfecha viviendo en un país donde es una ciudadana de segunda categoría, donde el pacto con el machismo sigue presente, gobernando de la mano del mismo. ¡Noticia de última hora!: El machismo no solo es malo, es malo para la salud mental de las mujeres. Diversos estudios han señalado que las mujeres que experimentan machismo tienen más probabilidades de sufrir depresión, estrés crónico, ansiedad, ideaciones suicidas y desesperanza. Por lo tanto, los acosos callejeros, la brecha salarial de género, la inequidad legal y los roles de género restrictivos afectan seriamente el bienestar de las mujeres. Es agobiante vivir en un país donde nacer mujer es sinónimo de condena, donde se sobrevive, porque no se vive, luchando. A esto, me gustaría sumar el efecto que la violencia sexual puede tener en la mujer. Con base en el International Review of the Red Cross (Volume 92 Number 877 March 2010), la violencia sexual “rompe todas las convenciones sociales relacionadas con la sexualidad” y por lo general, expone a las víctimas a la estigmatización, a menudo a la discriminación, y puede poner en peligro su posición en la sociedad. En muchas sociedades, como la nuestra, se culpa a las víctimas de la violencia sexual. Sin duda, la violencia sexual puede afectar gravemente la salud mental de la víctima, con consecuencias a corto, medio o largo plazo, en donde enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, trastorno disociativo y amnesia traumática pueden aparecer de manera crónica y/o aguda en la persona, muchas veces no recibiendo tratamiento debido al constante estado de vulnerabilidad al que se le somete.
Fotos cortesía de Ángela Jiménez Rodríguez