¿A qué nos referimos cuando hablamos de justicia social?

Foto cortesía de Prensa Latina. Plaza de la Dignidad en Chile.

La justicia social es uno de esos conceptos que circulan de manera continua por la sociedad, pero ante los que merece la pena detenerse y reflexionar sobre él. El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social. La justicia social es un principio fundamental y una condición indispensable para construir y garantizar una convivencia pacífica y una paz sostenible. Defendemos la justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de las personas indígenas y de los migrantes. Se basa en la igualdad de derechos para todas las personas y la posibilidad para todos los seres humanos, sin discriminación, de beneficiarse del progreso económico y social en todo el mundo. (Panama América, 2020).

2019 ha sido un año marcado por protestas sociales variadas y complejas en todo el mundo y, especialmente, en América Latina. Cabe preguntarse, ¿qué factores han propiciado esta movilización social? Es aquí cuando la justicia social entra en escena. Y es que, estamos ante un concepto que dice más por lo que apela que por lo que nombra. Permítanme explicarme: cuando el 79% de los ciudadanos latinoamericanos consideran que son gobernados para el interés de unos pocos, nos encontramos ante una crisis de legitimidad social (Informe Latinobarómetro, 2018).

La desigualdad se ha convertido en un rasgo común de muchas sociedades de la región. Es cierto que se ha producido una reducción drástica de los niveles de pobreza, pero esta no ha sido acompañada por una mejora sostenible en la calidad de vida. Lamentablemente, el lugar en el que viven y trabajan las personas sigue condicionando de manera extraordinaria las oportunidades existentes y, por tanto, el nivel de bienestar. (Informe sobre Desarrollo Humano, 2019).

El empleo, el acceso a los servicios de salud y la educación son aspectos cruciales para la vida de los ciudadanos, más allá de sus ingresos. El 40 % de la población latinoamericana forma parte de una nueva clase media vulnerable que dispone de empleos de mala calidad asociados a una débil protección social. (Fundación Carolina, 2020).

Las nuevas aspiraciones ciudadanas no han traído consigo unas instituciones y servicios públicos de mejor calidad. Como consecuencia, asistimos a una ruptura del contrato social entre Estado y ciudadanía. Esta dinámica deriva en un declive del compromiso de los ciudadanos con el cumplimiento de sus obligaciones, tal y como demuestra el hecho de que más de la mitad de la población considera justificable no pagar impuestos (Fundación Carolina, 2020).

Parece lógico: en un contexto donde más de la mitad de la población no tiene acceso a la Seguridad Social resulta difícil pensar que la ciudadanía pueda entender y validar los mecanismos institucionales cuando no se sienten representados en ellos. Generar un diálogo sobre estos temas constituye un excelente punto de partida para este jueves 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. ¿Contamos contigo?

¡Este artículo ha sido adaptado a una infografía!

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